Es difícil entender este empecinamiento de las distintas administraciones y
de ciertos sectores profesionales en defender la privatización de la sanidad
bajo el confuso término "colaboración público-privada"
La pandemia de COVID-19 ha desbordado nuestro sistema
de salud y ha expuesto el deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública
gestado durante años. No cabe duda de que esta degradación ha contribuido al
elevado número de fatalidades de la pandemia que en gran medida podrían haberse
evitado si hubiéramos contado con un sistema de salud pública mejor
estructurado y dotado, y adecuadamente gestionado.
Las causas del deterioro de la sanidad pública son
bien conocidas: unos presupuestos claramente insuficientes, un número reducido
de personal sanitario inadecuadamente distribuido, contratos laborales
precarios y bajos salarios, aumento deliberado de las listas de espera, equipos
técnicos obsoletos que necesitan renovación, una sanidad centrada en la
Atención Hospitalaria que absorbe los recursos de una Atención Primaria
crónicamente infrafinanciada, y administradores que desconocen los temas sobre
los que tienen que tomar decisiones, entre otras. La única motivación de este
catálogo de despropósitos es la privatización de la sanidad y el ánimo de
lucro.
Así pues, las declaraciones de apoyo a la sanidad
pública por las distintas administraciones tanto estatales como autonómicas
denotan una tremenda hipocresía e irresponsabilidad política y, aún peor, un
desprecio por la ciudadanía y sus derechos. Un ejemplo reciente lo encontramos
en el Proyecto de Ley de Contratos de Servicios a las Personas en Catalunya,
también conocida como Ley Aragonès, que pretendía privatizar prácticamente todo
lo concerniente al Estado del bienestar, incluida la sanidad. Esta Ley, a pesar
de haber sido duramente criticada por los sindicatos y movimientos sociales, y
de ser rechazada por el Parlament de Catalunya en febrero de 2020, fue de
alguna forma reactivada unos meses más tarde, en julio de 2020, por el Govern
de la Generalitat mediante la publicación de un Decreto Ley que
permite la privatización de los servicios sanitarios públicos.
Recientemente, un grupo de profesionales sanitarios defensores
de la sanidad pública difundimos un documento en el que se exponían los "criterios para la
mejora de la atención sanitaria pública en el Siglo XXI". La contrapartida a estas propuestas no se hizo
esperar y posteriormente otro grupo de profesionales sanitarios, posiblemente
con propósitos diferentes, han divulgado una declaración denominada "30 medidas para
fortalecer el sistema de salud",
en la que apoyan la "cooperación público-privada", lo que en realidad
supone el desvío de los recursos de la sanidad pública a la privada. La
publicidad engañosa y la complicidad de estos profesionales con la
Administración no es oportuna durante la pandemia de COVID-19 y sus propuestas
han sido duramente criticadas y rechazadas por los movimientos sociales.
Es difícil entender este empecinamiento de las
distintas administraciones y de ciertos sectores profesionales en defender la
privatización de la sanidad bajo el confuso término "colaboración
público-privada" después de que en el 2018 el Tribunal de Cuentas
Europeo (TCE) criticara
duramente este tipo de asociaciones para acometer infraestructuras y servicios
públicos debido a insuficiencias generalizadas, gastos ineficaces, falta de
transparencia, retrasos y sobrecostes, entre otras deficiencias. En este
sentido, el TCE fue contundente al declarar que la Unión
Europea no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con
participación privada.
Los movimientos sociales y distintos grupos de opinión
han insistido en la necesidad de aumentar el presupuesto dedicado a la sanidad
pública equiparándose a la media europea. Sin embargo, un incremento de los
presupuestos por sí mismo no garantiza que estos se gestionen de forma
apropiada. El Decreto Ley del Govern de
la Generalitat de abril de 2020 por
el cual se dedican elevadas cantidades de dinero al sector privado por la
asistencia de pacientes infectados por COVID-19 o la innecesaria construcción
de nuevos hospitales, en lugar de fortalecer la Atención Primaria, son ejemplos
de que las administraciones seguirán expoliando los recursos públicos. Es
igualmente preocupante que parte de los futuros fondos europeos de recuperación
de la pandemia puedan acabar en manos privadas.
En mi opinión, una regeneración efectiva y sostenible
del sistema público de salud pasa obligatoriamente por:
-Una estructura sanitaria pública única que propicie
una mejor distribución de los recursos existentes, lo que en Catalunya
comportaría la desaparición del SISCAT
-La participación activa de la sociedad civil y de los profesionales
sanitarios en los órganos de gestión, que permita una óptima asignación de los
recursos a las necesidades sanitarias reales de la ciudadanía.
-El apoyo incondicional de los ciudadanos al sistema público de salud y su
rechazo a los esquemas de salud privados
-El cumplimiento del código deontológico
por parte de los profesionales sanitarios que han de garantizar la calidad del
cuidado como primer y único objetivo.
La salud y la sanidad son un derecho de todos los ciudadanos sin exclusión,
como se especifica en el artículo 43 de la Constitución Española. Los
innumerables escritos y las manifestaciones presenciales en la vía pública y
centros sanitarios en defensa de este derecho no han sido suficientes para
convencer a la administración y revertir la degradación de la sanidad pública.
Por tanto, la sociedad civil y los profesionales sanitarios no pueden continuar
siendo ajenos a estas obligaciones y dejar en manos de las administraciones de
turno decisiones esenciales que determinan la salud de todos.
Manuel Galiñanes
Cirujano cardíaco e
investigador, miembro de Marea Blanca de Catalunya y cofundador y presidente de
Unitat d’Ajuda Ciutadana2 de diciembre de 2020 06:00h
0
